Dinero "opaco" en las campañas políticas en Argentina

Para hacer política se necesita dinero, mucho dinero. No siempre la proveniencia de esos fondos es del todo transparente. En ciertos países, las regulaciones son más estrictas que en otros, y la penalización por ocultamiento de fondos también difiere.

En Argentina, el escándalo por los pagos de Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, al diputado ultraliberal de derecha (ahora con licencia) José Luis Espert, vuelve a enturbiar la gestión de Javier Milei, y dificulta su campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El caso Espert surge luego del fraude con la criptomoneda $Libra y las coimas de la hermana del presidente argentino, Karina Milei, a las farmacéuticas.

En Argentina, la financiación de las campañas electorales está estrictamente regulada por la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos y su reforma, la Ley 27.504, de 2019, reglamentada por decretos de la Cámara Nacional Electoral (CNE).

El sistema es mixto y combina financiamiento público del Estado con contribuciones del sector privado. Hay montos máximos, limitaciones y prohibiciones, y la  rendición de cuentasante la Justicia es obligatoria y debe ser transparente. 

Tope de aportes

El tope de aportes por persona varía, por ejemplo, de 104 millones de pesos argentinos (unos 73.163 dólares) en la Provincia de Buenos Aires, a 3,8 millones (USD 2.289) en Tierra del Fuego. Todo aporte debe ser bancarizado, trazable y declarado ante la CNE, según informa a DW el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

El tope de gasto de campaña es de $192 millones en distritos pequeños (USD 134.290) , y llega a $5.200 millones (USD 3.637.030) en Buenos Aires. 

Ninguna persona puede aportar más del 2 % del gasto total autorizado para la campaña. Los aportes totales privados no pueden superar la diferencia entre el tope máximo de gasto y el aporte público recibido. Los aportes en especie deben documentarse y valuarse al precio de mercado.

Penalización y montos sin declarar

Las sanciones van desde la suspensión de aportes públicos e inhabilitación de dirigentes políticos, hasta la solicitud de intervención judicial de la agrupación.

"La penalización de infracciones no significa que no existan grandes montos de aportes que llegan bajo cuerda y no se declaran", dice a DW Gabriel Puricelli, analista político argentino y vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas.

Alrededor del escándalo de Espert, "surgieron montones de confesiones espontáneas de irregularidades en la financiación", agrega. "Para empezar, primero había declarado que en 2019, el año en que Machado hizo los pagos, recibió cero aporte privado. Tampoco declaró 35 viajes en avión privado, gastos en especie que se deben evaluar y declarar". Ahora, la Justicia argentina investiga esas irregularidades.

"En algunos casos, las donaciones no declaradas son de empresas que no quieren aparecer porque apuestan a más de un caballo, o porque les está prohibido donar por ley", explica a DW Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional.

Pero, puntualiza Secchi, "lo que conocemos de financiamiento político en Argentina es solo una fracción de la historia. Se supone que, en Argentina, se declara cerca de un 40 por ciento de los ingresos para campañas electorales".

Las llamadas donaciones en negro generalmente "requieren una devolución de favores cuando un partido llega al Gobierno", dice. En el caso de aportes del juego clandestino y del narcotráfico, el crimen organizado pide a cambio "liberar zonas o impedir investigaciones policiales". En otros casos, "esos favores se devuelven con adjudicación de obra pública y contrataciones del Estado". Esto conduce a una mayor falta de transparencia y promueve una mayor corrupción, evalúa Secchi.

Más allá de que todavía hay que esperar los resultados de la investigación en el caso Espert, "a nivel nacional, hasta ahora no se conocían este tipo de datos" sobre transferencias de un presunto narcotraficante, asegura Pablo Secchi. Por lo general, el narcotráfico intenta entrar financiando la política en las ciudades, o en las provincias de frontera. "No sabemos si este fenómeno está creciendo", plantea.

Financiación en otros países

En Estados Unidos, según la organización OpenSecrets, no hay tope de gastos para los candidatos que renuncian al financiamiento público. Las elecciones de 2024 fueron las más caras de la historia de ese país, alcanzando los 15.900 millones de dólares en contribuciones totales, y más que duplicando los USD 6.500 de 2016.

En cuanto a Alemania, también cuenta con un sistema mixto regulado por ley, de financiación pública, aportes privados (donaciones y cuotas de afiliados), y recursos propios de los partidos. El Estado alemán subvenciona a los partidos según la cantidad de votos obtenidos, con un límite anual global.

El tope de financiación pública en 2024 fue de 200 millones de euros para todos los partidos. Y hay un límite de donaciones por persona al año. Las donaciones extranjeras están estrictamente reguladas o prohibidas, salvo las de ciudadanos alemanes en el extranjero.

Argentina y una rendición de cuentas menos exigente

En Argentina, "a simple vista, la rendición de cuentas que se hace es menos exigente de lo que debería ser", critica el vicepresidente del Laboratorio de Políticas Públicas, Gabriel Puricelli.

En particular, sobre el caso Espert en el Gobierno de Javier Milei, Puricelli afirma que las características del partido gobernante propician la falta de transparencia.

"La Libertad Avanza es un partido que no tiene ninguna institucionalidad. Es hiperpersonalizado y está controlado por la hermana del presidente. Entre sus miembros, hay personas sospechosas y lúmpenes o 'buscavidas'. El expresidente Mauricio Macri dijo en su momento que, por su naturaleza, es una organización 'muy infiltrable'. Eso es muy revelador", observa.

La formación cuenta con "abogados penalistas que fueron defensores en casos por narcotráfico de alto perfil, nada menos que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y el último candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires de la Libertad de Avanza, Francisco Oneto, es al mismo tiempo abogado de 'Fred' Machado y de Javier Milei", advierte Puricelli. "Esto muestra que el partido tiene una relación muy desprejuiciada con el mundo de la ilegalidad", sostiene.

Para lograr mayor transparencia, señala el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, "los auditores de la Cámara Nacional Electoral tienen que lograr que haya un mayor control sobre el financiamiento político". Aunque "la ley argentina es moderna y bastante parecida a la de otros países centrales, el cumplimiento y la capacidad de sanción son algo más bajos", evalúa.

Si bien la normativa ha avanzado, en Argentina es difícil compatibilizar la ley nacional con las leyes de las provincias, concluye Secchi: "Eso descompagina un poco la capacidad de control sobre las campañas, especialmente cuando hay elecciones concurrentes o simultáneas, y particularmente para las presidenciales".