
Javier Milei y Kristi Noem trataron en Buenos Aires la petición argentina de ser incluida en el Visa Waiver Program (VWP). El proceso llevaría un año como mínimo.
La demanda colectiva presentada en Nueva York sostiene que el presidente ayudó a promover con su twitter el proyecto como si fuera oficial.
General30/07/2025 RHEl presidente Javier Milei quedó formalmente vinculado a una demanda colectiva por fraude financiero que se tramita en los tribunales federales de Nueva York. La denuncia fue presentada por los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin. Lo acusan de haber lanzado un mensaje “altamente engañoso” que ayudó a generar confianza en la criptomoneda $LIBRA. Esa confianza derivó en una avalancha de inversiones que se esfumaron en cuestión de horas.
El tuit de Milei fue publicado el 14 de febrero. Allí afirmaba que el proyecto $LIBRA estaba destinado a financiar emprendimientos productivos. Según los demandantes, eso generó una falsa sensación de respaldo oficial. Lo describen como una maniobra premeditada para darle al token “una apariencia de legitimidad gubernamental”.
El principal señalado es Hayden Davis, empresario estadounidense y creador del token. Junto a su firma Kelsier Ventures, está acusado de haber diseñado un plan fraudulento con la colaboración de otras plataformas. Entre ellas, Meteora y Kip Protocol. Pero ahora el foco también apunta a la figura del Presidente argentino.
En el escrito judicial, los abogados afirman que “decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados”. Por eso piden mantener congelados más de 57 millones de dólares en criptoactivos, distribuidos en dos billeteras digitales. Quieren que la jueza Jennifer Rochon no libere esos fondos hasta que el juicio termine.
Las palabras del texto no dejan dudas. “Los demandados no pueden eludir su responsabilidad alegando ignorancia”, afirman. Y agregan: “Los demandados de Meteora colaboraron secretamente con los de Kelsier para orquestar el fraude”.
Davis, mientras tanto, intenta desviar la atención. Dijo que quiere transferir los tokens restantes a Argentina. Propone girarlos al proyecto “Viva La Libertad”, creado supuestamente para ayudar a emprendedores. Pero los abogados creen que esa maniobra solo busca desviar el dinero y evitar su devolución a los inversores estafados.
También acusan a Davis de haber devuelto cinco millones de dólares al empresario Dave Portnoy, pero no al resto de los damnificados. “Prometió reinvertir el 100% de los fondos bajo su control, pero no lo hizo”, remarcaron.
En paralelo, en la Argentina se sigue una causa penal que involucra al Presidente, a su hermana Karina, y a los “criptobros” Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos están imputados por la presunta participación en la maniobra de fraude con $LIBRA. En la justicia local se investigan movimientos millonarios desde billeteras asociadas a Davis. También se sospechan posibles sobornos y uso de información privilegiada.
En el fuero penal de Comodoro Py, el expediente está en manos del fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Servini. El cruce entre ambas causas podría complicar la situación judicial del Presidente en el futuro. Por ahora, Milei no puede ser demandado en EE.UU. por su inmunidad como jefe de Estado. Pero esa protección es temporal.
“Si no se emite una orden judicial preliminar, los demandados podrían transferir los fondos a cuentas offshore”, advirtieron los abogados. También dijeron que los acusados ya intentaron mover esos activos por redes anónimas.
Las consecuencias legales podrían escalar. La demanda cita fraude, conspiración y enriquecimiento ilícito. Y deja una puerta abierta a futuras acciones legales, tanto contra Milei como contra el Estado argentino.
Para los abogados estadounidenses, lo ocurrido con $LIBRA no fue un error ni una confusión. Fue un plan ejecutado con precisión para estafar a miles de personas. “Decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares”, recordaron en su presentación.
La jueza Rochon decidirá el 19 de agosto si mantiene congelados los fondos y si sigue siendo competente para llevar adelante el juicio. Davis, por su parte, insiste en que el caso se traslade a Texas. Pero los demandantes lo rechazan, ya que uno de los implicados vive en Nueva York.
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