España pretende generar ahorro energético y ya genera polémica

El plan de medidas de «eficiencia y ahorro energético» que el Consejo de Ministros  obliga a que la temperatura en el interior de los transportes públicos, supermercados, empresas, hoteles o comercios, entre otros, no baje de los 27 grados en verano. En invierno, la calefacción no subirá de 19 grados. Tampoco se podrán tener abiertas las puertas todo el tiempo a fin de evitar el gasto energético. Las medidas se adoptarán mediante decreto, de forma que tendrán que ser convalidadas por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

Horas antes de que el Gobierno aprobara  su plan de ahorro energético para empresas y lugares públicos, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha mostrado contundente al asegurar que, pese a las nuevas medidas, los españoles "no van a pasar frío" durante el invierno.

Así se refería a una de las medidas para fomentar el ahorro energético aprobadas ayer por el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones: el uso más eficiente del aire acondicionado en verano y de la calefacción en invierno dentro de los edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia. Entre estos espacios, Ribera, citó las tiendas, grandes superficies, hoteles, cines y teatros o estaciones de tren, autobús o aeropuertos.

Para ello, Ribera confirmó que la normativa para los edificios y lugares limitará la refrigeración por aire acondicionado a un tope de 27 grados, sin poder bajar de esa temperatura; mientras que las calefacciones de los citados edificios no podrán elevar la temperatura por encima de los 19 grados el próximo invierno. Además, todos los escaparates comerciales y los edificios públicos desocupados, así como la iluminación de monumentos, deberán ser apagados a las 22.00 de la noche.

Todas estas medidas serán de aplicación transcurrida una semana después de su próxima publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

Pero, además, los edificios y comercios deberán contar también con sistemas automáticos de cierre de puertas para que permanezcan cerradas tanto en invierno como en verano. Para que estos cierres de puertas automáticos estén en vigor, el Gobierno da una tregua hasta el 30 de septiembre, que será cuando sean exigibles en los edificios públicos y comerciales. Estos lugares deberán contar también con información pública de la temperatura existente, ha añadido la vicepresidenta. Ribera ha asegurado ante la pregunta de un periodista que el incumplimiento de estas medidas supondrá la aplicación de "un régimen sancionador" que, sin embargo, no ha detallado.

Ahorro de un millón de euros al año
Asimismo, desde el Gobierno han vuelto a recomendar el teletrabajo allí donde se pueda realizar, como medida de ahorro energético empresarial. Según los cálculos Ribera, para un gran grupo de empresas la adopción de estas medidas supondrá un ahorro de más de un millón de euros al año. Mientras que para los particulares, la bajada de un grado en el termostato supone gastar un 7% menos en energía.

Dicho esto, y tras apelar a la responsabilidad individual de los ciudadanos en este ahorro energético, Ribera ha explicado que el mensaje "más importante", con las medidas aprobadas ayer, es que "en un contexto tan complicado se trata de "ayudar a los vecinos de la UE" y de "cómo evitar el riesgo de racionamiento" por un corte general de gas que ha dicho, "es crítico". Aunque ha subrayado que no se prevé una situación de corte de suministro.

Según la vicepresidenta tercera, las medidas aprobadas hoy son solo un primer paso para un plan "mucho más completo y estratégico" para el conjunto del país que se presentará en septiembre. Según incidió Ribera, no se trata tanto de poner el énfasis en qué será obligatorio, sino en que en una situación como esta "es razonable y positivo" contribuir en lo que cada cual pueda en su "comportamiento cotidiano".

La vicepresidenta ha defendido también la importancia de la colaboración de todas las administraciones y del sector privado, sobre lo cual indicó que las conversaciones mantenidas con la patronal para la aplicación de estas medidas han tenido una recepción "positiva".

Si bien, "eso no significa –ha precisado– que (los empresarios) estén de acuerdo, pero a mí me gustaría destacar que hay una inmensa mayoría de personas e instituciones que entienden y que quieren contribuir a lo que debe ser un esfuerzo colectivo", ha afirmado Ribera.

Fuente: Cinco Días.