Las medidas forman parte de un plan estratégico que acordó la presidenta Claudia Sheinbaum para sanear las comprometidas finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene acreencias por unos 99.000 millones de dólares.
La compleja situación financiera de Pemex ha golpeado los ingresos petroleros de México, que por décadas fueron fundamentales para el país y llegaron a representar cerca del 40% del presupuesto de egresos del gobierno federal. La caída de la producción —que ronda actualmente 1,8 millones de barriles diarios—, el descenso de los precios del crudo y las limitadas finanzas de Pemex hicieron que los aportes petroleros al presupuesto federal se ubicaran por debajo de 15%.
Pemex ha enfrentado en las últimas décadas incrementos en sus deudas debido a las obligaciones a altas tasas que adquirió para financiar parte de sus gastos, los compromisos pendientes con sus proveedores y los pesados pasivos laborales que arrastra desde hace varios años.
Al explicar los alcances de las medidas, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, dijo en la conferencia presidencial matutina que la petrolera estatal será sometida un “plan de austeridad” que implicará un ahorro de 50.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares) mediante la supresión de “gastos que resultan redundantes” y la reducción de costos.
Rodríguez Padilla indicó que el gobierno espera reducir las empresas filiales de Pemex, que suman más de 40, “para dejar las estrictamente necesarias” y elevar la eficiencia operativa, pero no ofreció detalles.
De igual forma el gobierno continuará con las acciones que se iniciaron en el gobierno anterior para reducir el endeudamiento de Pemex, precisó el directivo.
En ese sentido, el subsecretario de Hacienda, Edgar Zamora, informó que el gobierno seguirá cumpliendo con los pagos de deudas de Pemex sin necesidad de recurrir a los mercados de capitales en el corto plazo.
Entre el próximo año y 2027 la petrolera mexicana deberá cancelar obligaciones por casi 25.000 millones dólares.
Zamora anunció que Pemex tendrá un nuevo régimen fiscal que implicará la simplificación de los derechos tributarios de exploración, extracción y utilidad compartida para reducirlos a solo uno, el “derecho petrolero del bienestar”, que tendrá una tasa única de 30%, mientras que el gas no asociado tendrá una tasa de 11,63%.
El subsecretario de Hacienda aseguró que el nuevo régimen fiscal es “neutral para las finanzas públicas” y no implica un “menoscabo” en la recaudación.
El coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad, Oscar Ocampo, consideró una “carta de buenas intenciones” el plan que presentó el gobierno y dijo a The Associated Press que resultaba “anecdótico” que se quieran reducir los gastos de la petrolera adelgazando su estructura administrativa y no se atienda una de las áreas que genera grandes pérdidas como el sector de refinación.
