España se encamina a reducir drásticamente los tiempos de desalojo

El Partido Socialista (PSOE) en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

La enmienda del PSOE supone un nuevo punto en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, los jueces podrán iniciar el proceso de desalojo en los casos de allanamiento de morada como de usurpación de inmuebles en el plazo de 48 horas desde que el propietario lo denuncia o recibe el atestado policial.

Se da la circunstancia de que el PP, principal partido de la oposición, o el PdeCat, y gobiernos autonómicos como los de Madrid (PP) o Castilla-La Mancha (PSOE) ya habían propuesto cambios similares para proteger a los propietarios.

Según recoge la Agencia EFE, el Grupo Socialista propone que "en los procesos relativos a allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles o de un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente el desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición a instancia de parte legítima o desde la remisión del atestado policial".

Todo ello, "sin necesidad de la prestación de caución, si los ocupantes del inmueble no exhibieran en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble". En texto añade que en caso de que los ocupantes de la vivienda sean menores, personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, el juzgado se pondrá en contacto con los servicios sociales correspondientes y la Fiscalía para adoptar las medidas oportunas.

En España se tarda hasta un año y medio en desalojar a un okupa
La okupación ilegal de los inmuebles se ha convertido en los últimos meses en uno de los mayores quebraderos de cabeza de los propietarios. Más allá del perjuicio económico que supone el hecho de no poder disponer de una propiedad, uno de los grandes problemas está relacionado con el tiempo que tardan los juzgados en dictar una sentencia.

Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el periodo que deben esperar los propietarios de media en España para echar a un okupa ilegal se situó en 2021 en 18,1 meses. Un plazo que poco a poco se está ampliando.

En todo caso, se vuelve a poner el foco en el propietario, que es el legítimo poseedor del bien inmueble, y el perjuicio que le puede suponer no poder disponer de su vivienda, como “seguir haciendo frente a ciertas cargas derivadas de la titularidad del bien y el progresivo deterioro del mismo por el uso que le dan sus okupantes”.

Los socialistas defienden ahora que es necesario acordar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble cuando se aprecien “sólidos indicios de delito tanto de allanamiento como de usurpación” y se “verifique la existencia de efectos que perjudiquen al legítimo poseedor”.

También, el grupo socialista en la Cámara Baja quiere incorporar otra enmienda para eliminar el jurado en los delitos de el allanamiento de morada de los delitos para acelerar estos procesos en los juzgados.

Fuente: El Idealista / EFE