El Índice de Precios de Consumo (IPC) disparó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%, su nivel más alto desde abril de 1985, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La inflación encadena así dos meses consecutivos de ascensos después de que en abril se moderara 1,5 puntos de golpe, hasta el 8,3%. En mayo, escaló hasta el 8,7%, y en junio ha superado los temidos dos dígitos: 10,2%, estableciendo el máximo de esta crisis, pese a la puesta en marcha del tope al gas y al resto de medidas del Gobierno para contener los precios.
El dato de junio, que deberá ser confirmado por Estadística a mediados del mes que viene, supera en cuatro décimas el pico que se había alcanzado en el mes de marzo, del 9,8%. Según el INE, esta escalada del IPC interanual hasta el 10,2% en junio se debe, principalmente, a las subidas de los precios de los carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohólicas. También ha influido el fuerte repunte de los precios de los hoteles, cafés y restaurantes.
Esta crisis se originó con la escalada de los precios de la electricidad y el combustible por la incidencia que supone la invasión rusa en Ucrania en los mercados internacionales de petróleo y gas, elevando los costes de producción y de transporte y dañando el poder adquisitivo de los hogares, sobre todo de los que tiene una renta menor, y dedican una mayor parte de sus ingresos a las necesidades básicas, de las que no pueden prescindir, entre las que están la energía y los alimentos.
“Somos más pobres que antes de la guerra”, reconoció recientemente el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que aún ve la inflación controlada en 2023 —prevé un 2,8% de media el próximo año— cuenta eldiario.es
Funcionarios del gobierno español, como repiten sus pares en casi todo el mundo, dicen que la inflación es un problema internacional, que se ha acelerado como consecuencia de la guerra.
En España, la amenaza para las familias ya no es solo la subida de la factura de la luz o del combustible, que el Gobierno ha intentado mitigar (con éxito muy relativo) con la rebaja del IVA de la electricidad, el tope al gas o el descuento de 20 centavos a los carburantes. La gran amenaza es que, el último mes, el IPC subyacente, cuyo cálculo excluye precisamente la energía y los alimentos no elaborados, ha acelerado al 5,5%, lo que implica persistencia.
